Se ha dicho que una sociedad puede ser juzgada por la forma en que trata a sus ciudadanos menos favorecidos y, por definición, los individuos acusados de delitos están en esta categoría. Se supone que ellos han roto el pacto social al privar a otra persona de sus bienes, la vida o la integridad física, se han colocado fuera de los límites de la sociedad y son realmente "proscritos" si los cargos en su contra son verdaderos. Sin embargo, antes de consignar a una persona a la cárcel, segregarla de la comunidad o incluso privarla de la vida, queremos tener un grado excepcional de certidumbre de que en efecto es culpable del delito que se le imputa, es decir, culpable "fuera de cualquier duda razonable".

Hay dos razones para adoptar esta aproximación cautelosa. La primera, y la más obvia, es no infligir un daño duradero al individuo. Si el acusado no cometió el delito, habrá que determinar el caso dentro del estado de derecho, de modo que el inocente no sea castigado. Otra razón de igual importancia es impedir que la sociedad sufra un daño y que las libertades del pueblo se erosionen. Un sistema de justicia corrupto, que las autoridades manipulan para castigar a sus enemigos políticos, o que deja a los culpables en libertad, socava la confianza en el gobierno y en la sociedad, esa confianza tan esencial en una sociedad democrática. Del mismo modo que no se puede tener una sociedad libre sin libertad de expresión o de prensa, tampoco puede existir democracia sin un sistema de justicia en el cual los acusados de delitos sean tratados con imparcialidad y sus derechos estén garantizados.

Esto no quiere decir que el sistema de justicia penal de los Estados Unidos sea perfecto; a menudo hay una brecha entre lo real y lo ideal, como pasa en cualquier sociedad. Pero los requisitos constitucionales contenidos en las Quinta y Sexta Enmiendas son recordatorios constantes de lo que es el ideal, y a quien considera que no fue juzgado con imparcialidad le otorgan el derecho de apelar el juicio adverso en tribunales superiores.

En virtud de que los mecanismos del sistema de justicia penal son muy importantes en una democracia, el derecho a un juicio público y expedito no se refiere sólo a los acusados de delitos, pues también es un derecho del público y sugiere la idea de que la gente puede inspeccionar el funcionamiento del sistema para ver si presenta deficiencias apreciables. Más aún, el deber de presentarse como jurado es una responsabilidad esencial del ciudadano y sólo la supera, quizá, el deber de votar. En ninguna otra función del gobierno se pide al ciudadano promedio que asuma la tarea de juzgar si alguien es inocente o culpable de un delito, o si debe responder por daños civiles. Prestar servicio como jurado es un proceso educativo en el que se pide a la gente que aplique la ley, pero para hacerlo tendrá que entender el significado de ésta y su aplicación en el caso que está siendo juzgado.

El jurado, que es el medio más enérgico de aplicar el gobierno del pueblo, es también el recurso más eficaz para enseñarlo a gobernar bien.

Pero la innovación más penosa de todas es el alarmante aumento del poder de los tribunales marítimos. ¡Un solo juez preside esos tribunales! ¡Ningún jurado tiene cabida en ellos! El mismo juez aplica la ley y juzga los hechos.

Pero cuando la tarea de resolver y ajustar la cuestión de hecho se confiaba a un solo magistrado, la parcialidad y la injusticia tenían amplio espacio de maniobra, ya sea porque se estimaba erróneamente que algo estaba probado o porque se suprimía con la mayor astucia ciertas circunstancias, se agrandaban y alteraban otras, y se hacía caso omiso de las restantes. Por lo tanto, un número adecuado de jurados sensatos y rectos, elegidos al azar entre la gente ordinaria, serán a fin de cuentas los mejores investigadores de la verdad y los guardianes más seguros de la justicia pública. Porque hasta el individuo más poderoso del estado se cuidará de no cometer una invasión flagrante del derecho de otro si sabe que los detalles de su acto de opresión serán examinados y juzgados por 12 hombres indiferentes, que no serán designados sino hasta la hora del juicio y que, a la hora de evaluar los hechos, la ley habrá de imponer la reparación del daño. Por lo tanto, esto preserva en manos del pueblo la parte que a éste corresponde en la administración de la justicia en general, e impide que los ciudadanos poderosos y ricos se apropien de ella.

El pequeño jurado tiene de ordinario 12 miembros, pero algunos estados convocan paneles de jurados menos numerosos. Los miembros son elegidos, como los del gran jurado, a partir de una reserva de votantes registrados. Los requisitos procesales de un juicio con jurado son muy precisos y se basan en la suposición de que el acusado es inocente mientras no se demuestre su culpabilidad. Al acusado no le corresponde la tarea de probar su inocencia del delito; más bien, es el Estado el que asume la carga de probar el delito del acusado y, en caso de delito mayor, el más grave de los crímenes, la norma es que éste sea probado "fuera de cualquier duda razonable". En los tribunales federales y en la mayoría de los estatales se requiere un acuerdo unánime para emitir el veredicto de culpabilidad. Si la mayor parte de los jurados dan un voto de inocencia, el acusado es liberado. Sin embargo, si el voto mayoritario es de culpabilidad, el resultado puede ser lo que se conoce como un "jurado disuelto" y da lugar a un nuevo juicio con un panel diferente.

La expresión "inocente mientras no se demuestre su culpabilidad" no es retórica hueca. Las disposiciones de la Constitución y las reglas procesales que de ella han dimanado fueron ideadas para compensar la clara ventaja que tiene el Estado cuando se enfrenta a un solo ciudadano. En el gran jurado, la parte acusadora tiene que demostrar, con la preponderancia de sus pruebas, que el acusado pudo haber cometido el delito. Esta norma es similar a la de "causa probable" que la policía debe cumplir para obtener una orden de registro domiciliario. El gran jurado no necesita saber de modo absoluto que el acusado es culpable, sino sólo que existe la posibilidad razonable de que lo sea; la culpabilidad real la determinará el pequeño jurado.

En ese juicio, la parte acusadora expone primero su caso y cada uno de los testigos de cargo puede ser repreguntado (sometido a interrogatorio) por el abogado del acusado. El Estado debe presentar pruebas obtenidas en forma legal y no se le permite usar ciertos tipos de evidencia, como el testimonio de oídas, es decir, afirmaciones basadas sólo en lo que el testigo oyó decir a otras personas. Más aún, no se puede referir a asuntos que estén fuera del ámbito del juicio en curso, como los problemas que el acusado haya podido tener con la ley en otra época. Si hay testigos con pruebas contra el acusado, las deberán presentar en el tribunal, ya que, según la Constitución, el acusado tiene derecho de confrontar a quien rinda testimonio en su contra. Si la defensa estima que el Estado no ha expuesto su caso, al finalizar la presentación del fiscal puede pedir que el tribunal deseche los cargos en forma sumaria. Esto rara vez sucede, pero esas pocas ocasiones sirven para recordarle al Estado que la presentación de cargos mal fundamentados no es bien recibida por el poder judicial.

A continuación, la defensa presenta su caso y sus testigos también pueden ser repreguntados por el fiscal. La Constitución confiere a la defensa la facultad de imponer la presentación de testigos que puedan dar testimonio de la inocencia del acusado. La defensa no necesita demostrar la inocencia del acusado, sino sólo que existe una duda razonable de su culpabilidad.

Por su propia índole, esta descripción no ofrece más que un panorama general y las reglas procesales que en realidad rigen los juicios son muy complejas. Esa es una de las razones por las cuales la Constitución garantiza que la persona acusada de un delito tiene derecho de contar con un abogado que le ayude en su defensa.

Se ha planteado la pregunta de si [el juicio por jurado] es uno de los principios fundamentales de libertad y justicia que son el cimiento de todas nuestras instituciones civiles y políticas.... Creemos que el juicio por jurado es fundamental para la estructura de justicia de los Estados Unidos.... Las disposiciones de la Constitución federal y las estatales sobre el juicio por jurado reflejan una actitud básica frente al ejercicio del poder oficial: la renuencia a confiar la vida y la libertad del ciudadano en manos de un juez o un grupo de jueces.

De hecho, al observar cómo ha cambiado el sistema de jurados a través de los años vemos que el cambio ha sido siempre la regla y no la excepción, en el marco de la Constitución. A fines de del siglo XVIII, Thomas Jefferson comentó que "el sentido común de doce hombres honrados" (los jurados) acrecienta las probabilidades de que el veredicto sea justo. En esa época, él habría podido añadir: "doce hombres honrados, blancos y propietarios", ya que las listas de jurados en los Estados Unidos siempre se han tomado de las listas de registro de votantes. Así como el derecho de voto se ha ampliado a lo largo de la historia (véase el capítulo 12), lo mismo ha ocurrido con los derechos y obligaciones de las personas que hasta ese momento habían sido excluidas de la plena participación en los procedimientos del gobierno y de la ley. Como lo observó la Corte Suprema en 1940, "nuestras ideas de lo que es un jurado apropiado se han desarrollado de acuerdo con nuestros conceptos básicos de la sociedad democrática y el gobierno representativo. Forman parte de la tradición establecida... de que el jurado ha de ser un órgano verdaderamente representativo de la comunidad".

El requisito de tener propiedades para poder participar en la vida cívica cayó en el descrédito en los albores de la historia estadounidense, y ya para la década de 1830 ningún estado imponía la posesión de bienes como condición para votar o para prestar servicio como jurado. Sin embargo, a pesar de que la Guerra Civil puso fin a la esclavitud, algunos estados del Sur trataron de impedir por simples motivos de raza que los negros fueran jurados. En 1879, la Corte Suprema invalidó un estatuto de Virginia Occidental que excluía a los negros de prestar servicio en grandes y pequeños jurados. No obstante, como la categoría de votante se consideraba entonces como asunto de ley estatal, cuando los estados sureños idearon varias estratagemas para impedir que los negros votaran, lograron mantenerlos también al margen de los jurados. Si en las listas de electores no había negros, entonces éstos tampoco figuraban en las reservas de jurados.

Pero cuando el movimiento de los derechos civiles empezó a cobrar forma en la década de 1940, las impugnaciones a la exclusión de los negros en los jurados hallaron oídos receptivos en los tribunales federales. En parte, las ideas y los ideales del país en materia de raza estaban cambiando y llegarían a fructificar en los grandes levantamientos de los años 50 y 60, que al fin conquistaron la plenitud de los derechos legales para los negros estadounidenses en todo el país. Tal como los tribunales lo han subrayado una y otra vez, el hecho de prohibir que ciertos grupos prestaran servicio de jurados no sólo discriminaba a esos grupos y les impedían el pleno ejercicio de sus responsabilidades como ciudadanos, sino también privaba a las personas acusadas de delito de uno de los atributos básicos de un juicio libre: que todo acusado sea juzgado por sus iguales.

A través de los años se han presentado casos en los tribunales, no sólo de personas excluidas de las reservas de jurados por una u otra razón, sino también de acusados que protestan porque se les niega el debido proceso de ley por el hecho de impedir que ciertos grupos presten servicio como jurados.

Cuando cualquier segmento grande e identificable de la comunidad es excluido de prestar servicio como jurado, se priva a la sala de jurados de ciertas características de la naturaleza humana y ciertas variedades de la experiencia cuyo rango es desconocido y tal vez imposible de conocer. No es necesario suponer que el grupo excluido habría votado siempre en forma unánime por razones de clase, para concluir... que su exclusión priva al jurado de una perspectiva de los eventos humanos que puede tener un grado insospechado de importancia en cualquier caso que se pudiera presentar.

Si las cosas fueran al revés, ¿quién podría asegurar que un jurado sería realmente representativo de la comunidad si todos los varones fueran excluidos del panel en forma intencional y sistemática? La verdad es que los dos sexos no son intercambiables: una comunidad que sólo incluya a uno de ellos es distinta de otra formada por ambos; el juego sutil de influencias de uno sobre el otro es uno de los imponderables.... Un sabor, una cualidad distintiva se pierde cuando cualquiera de los sexos es excluido. La omisión de alguno puede hacer que, en efecto, el jurado no sea tan representativo de la comunidad.

Como hemos visto, el sistema de jurados fue ideado para proteger, en primer lugar y ante todo, los derechos de las personas acusadas de delitos. Según la teoría, un panel de nuestros conciudadanos --nuestros pares-- está más capacitado para juzgar si somos culpables o inocentes. En segundo lugar, el sistema de jurados es esencial para la democracia porque impone una responsabilidad seria sobre los individuos y éstos pueden aprender en él cómo funciona la democracia, tal vez mejor que en cualquier otro ambiente. Pero también hay un tercer aspecto en el juicio por jurado, ya que le garantiza a la comunidad en general que el sistema jurídico está funcionando bien.

El origen del procedimiento de la justicia anglo-estadounidense que se ha convertido en el juicio penal moderno se puede rastrear más allá de los registros históricos fiables.... Lo significativo para nuestros propósitos es que, a lo largo de su evolución, el juicio se ha abierto para todos los que lo quieran observar.... A partir de esta historia sin rupturas ni contradicción, apoyada en razones y tan válida hoy como en los últimos siglos, nos vemos forzados a concluir que la presunción de apertura forma parte de la naturaleza misma del juicio penal en nuestro sistema de justicia.

La Primera Enmienda, en conjunción con la Decimocuarta, prohíbe que los gobiernos "coarten la libertad de expresión o de prensa, o bien, el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar al gobierno la reparación de agravios". Estas libertades expresamente garantizadas comparten el propósito esencial de asegurar la libertad de comunicación en asuntos relacionados con las operaciones del gobierno. El hecho es que sería difícil hallar un aspecto cualquiera del gobierno que tenga más interés e importancia para el pueblo, que la forma en que se llevan a cabo los juicios penales.

La Carta de Derechos fue legislada ante el telón de fondo de la larga historia de juicios que eran presuntamente abiertos. El acceso del público a los juicios se veía entonces como un aspecto importante del proceso mismo; la conducción de juicios "frente a toda la gente que los quiera presenciar" fue considerada como una de "las inestimables ventajas de una constitución de gobierno inglesa libre". Al garantizar libertades como la de expresión y la de prensa, la Primera Enmienda se puede interpretar como la protección del derecho de todas las personas a presenciar los juicios a fin de que esas garantías explícitas cobren significado.... En el contexto de los procesos judiciales, esto significa que, por sí solas, las garantías de la libertad de palabra y de prensa contenidas en la Primera Enmienda prohíben que el gobierno cierre en forma sumaria las puertas de los tribunales que, en la época en que esta enmienda fue adoptada, habían estado abiertas al público desde mucho tiempo atrás. "Como quiera que el lenguaje de la Primera Enmienda no es equívoco.... debe ser interpretado como un mandato del más amplio alcance que ese texto explícito pueda permitir en el contexto de una sociedad amante de la libertad".

Afirmamos que el derecho de presenciar los juicios penales está implícito en las garantías de la Primera Enmienda; sin la libertad de concurrir a esos procedimientos que el pueblo ha ejercido desde hace siglos, aspectos importantes de la libertad de palabra y "de prensa podrían ser extirpados".

A diferencia de casi todas las demás libertades del pueblo, el juicio por jurado ha sido tema de serias críticas que requieren un examen prolijo. Hoy en día, la gente no dice que el derecho de juicio por jurado deba ser sustituido por ordalías de combate o por tribunales herméticos donde un solo juez dicte un fallo inapelable. El ideal de un juicio libre y justo es que se haga justicia, y los críticos de la situación actual afirman que el sistema está tan sobrecargado, que los juicios no pueden ser en verdad libres y justos.

Se dice que el sistema vigente funciona mal. Hay un número excesivo de juicios, muchos de ellos por delitos menores que se podrían y deberían resolver en forma más eficiente. Los calendarios de los tribunales están saturados, lo cual provoca frecuentes retrasos de meses, o tal vez hasta de años, antes que la persona acusada sea llevada a juicio y, como suele decirse, la justicia retrasada es justicia negada. Los defensores públicos [de oficio] tienen demasiado trabajo y no pueden brindar una asesoría realmente eficaz a la gente pobre a la que atienden. Los fiscales públicos, enfrentados a demasiados juicios y sin suficiente personal, están dispuestos a concertar negociaciones que a menudo perjudican a los acusados de delitos relativamente menores, al tiempo que permiten que los acusados de delitos más graves reciban condenas mínimas.

Incluso cuando el caso llega a juicio, ¿ son en verdad los jurados el mejor medio para esclarecer la verdad? En el pasado, parte de la justificación del uso de jurados era que los miembros del panel estaban familiarizados con sus vecinos, conocían a la víctima y al acusado, tenían conocimiento de los hechos y, por lo tanto, estaban en condiciones de tomar una decisión justa y equitativa. Hoy en día, los miembros del jurado son elegidos a partir de listas de votantes de jurisdicciones que abarcan cientos de kilómetros cuadrados e incluyen a cientos de miles de personas. Los jurados rara vez conocen al acusado y si lo conocen pueden ser rechazados por esa razón, bajo el supuesto de que el conocimiento personal puede influir de modo indebido en su juicio. En casos contra monopolios y cuando el cargo es por manipulación y fraude con acciones, ¿puede el ciudadano promedio entender realmente los temas conexos de economía y contabilidad?

¿Hay formas más eficientes de administrar el sistema de justicia penal? Después de todo, en Gran Bretaña, lugar de nacimiento del juicio por jurado, sólo el 1% de las causas civiles y el 5% de las causas penales son resueltas por jurados. Los "juicios de juez", en los que un solo juez o un panel de éstos oye la causa sin la presencia de un jurado, requieren menos tiempo, cuestan menos y, como están abiertos al público y pueden ser revisados por tribunales de apelación, son estimados por muchas personas como imparciales y eficientes. Más aún, en casos referentes a cuestiones jurídicas difíciles, los jueces están mejor preparados que los legos para tomar una resolución.

En el rubro del derecho civil de los Estados Unidos, va en aumento un movimiento a favor del arbitraje imparcial, espoleado por las consideraciones anteriores, en el que ambas partes acceden a acatar el dictamen de un tercero imparcial. Se afirma que el arbitraje es más rápido porque no se presentan retrasos a causa del abarrotado calendario del tribunal; además es imparcial y, si se trata de empresas, permite que las partes tengan un arreglo basado en las reglas de mercado en el que operan.

Por último, se dice que los jurados son muy volubles y pueden ignorar la ley cuando deciden que el acusado tenía buenas razones para hacer lo que hizo, además de que pueden ser manipulados por abogados hábiles.

Todas estas críticas tienen algo de cierto y, de hecho, los sistemas estadounidenses de justicia penal y civil tienen hoy diversas modalidades. Hay juicios de juez y también hay arbitrajes. Además, la buena labor policial produce a menudo un cúmulo de evidencias tan convincente que el delincuente acusado confiesa su culpabilidad sin necesidad de un juicio por jurado. En cuanto a lo que se conoce como jurados renegados que pasan por alto la ley y votan de acuerdo a sus emociones, son una debilidad ocasional de un sistema que se basa en gran medida en las decisiones de ciudadanos ordinarios. Además, en la historia de los Estados Unidos ha habido épocas en que se ha presentado la "anulación de jurados" porque éstos consideran que las leyes no son justas. Antes de la Revolución Estadounidense, los jurados locales se negaban a condenar a sus vecinos acusados de contrabando, pues creían que las leyes inglesas de comercio y navegación eran injustas.

Sin embargo, suprimir el juicio por jurado a causa de los defectos observados en el sistema sería tanto como atentar contra el propio gobierno democrático. Esta opción existe para los que creen que obtendrán un mejor resultado con un juicio de juez o (en asuntos civiles) con un arbitraje. Pero, para muchos, la única esperanza de probar su inocencia es comparecer ante un jurado de sus iguales, en un juicio donde el Estado tenga que establecer su culpabilidad "fuera de cualquier duda razonable".

Los críticos que sólo ven el sistema de jurados en términos de su eficiencia o ineficiencia no logran reconocer la importancia del mismo más allá del mero hecho de determinar la culpa o la inocencia. A medida que la sociedad se hace más compleja, a muchos les preocupa que el ciudadano término medio se esté desvinculando del gobierno, que esté perdiendo el sentimiento de participación en los procesos diarios de la democracia. Entre todo lo que una persona hace como ciudadano, prestar servicio como jurado es casi lo único que le sigue proveyendo ese sentimiento de responsabilidad y también de participación.

Un juicio libre e imparcial por un jurado de pares sigue siendo un derecho decisivo de la gente, tanto de los que pueden ser acusados de delito como de quienes son llamados para juzgar los hechos.

Lecturas adicionales:

Jeffrey Abramson, We the Jury: The Jury System and the Ideal of Democracy (New York: Basic Books, 1994).

Harry Kalven, Jr., and Hans Zeisel, eds., The American Jury (Boston: Little, Brown and Company, 1966).

Linda K. Kerber, No Constitutional Right to be Ladies (New York: Hill & Wang, 1998).

Godfrey D. Lehman, We the Jury: The Impact of Jurors on Our Basic Freedoms (Amherst, NY: Prometheus Books, 1997).

Leonard W. Levy, The Palladium of Justice: Origins of Trial by Jury (Chicago: Ivan R. Dee, 1999).

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