Abraham Lincoln dio la mejor descripción de la democracia como "el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo". Sin embargo, para que el gobierno sea ejercido "por el pueblo" es necesario que el pueblo decida quiénes serán sus dirigentes. La sociedad democrática no puede existir sin elecciones libres e imparciales, y si los funcionarios del gobierno no rinden cuentas en forma constante al electorado, entonces ninguno de los demás derechos puede estar garantizado. Por lo tanto, el derecho al voto no sólo es una libertad individual importante, sino también una piedra fundamental del gobierno libre.

una pregunta persistente en la historia de este país ha sido quién debe tener ese derecho. un tema que se percibe en todo el pasado estadounidense es la expansión gradual del voto, desde que estaba reservado sólo para varones blancos dueños de propiedades hasta que el sufragio universal se concedió casi a todas las personas mayores de 18 años. un tema conexo consiste en garantizar que cada uno de los votos tenga el mismo valor neto, en la medida en que esto sea posible en un sistema federal. pero como los estadounidenses ven a menudo este derecho como lo más natural, no siempre lo han ejercido con toda la cabalidad que debieran. con casi 200 millones de ciudadanos en condiciones de votar, demasiadas personas piensan que su sufragio individual no contará. sin embargo, el escaso margen que decidió la elección presidencial de 2000 ha sido un recordatorio de que cada uno de los votos cuenta.

No obstante, sería un error creer que la expansión del sufragio fue un proceso inevitable o pacífico. Los norteamericanos coloniales creían sin duda en las elecciones libres, pero pensaban también que el derecho de voto sólo se debía conceder a los varones con propiedades, cuya riqueza los dotaba de un mayor conocimiento de las necesidades de la sociedad. La historia de este derecho, aunque esencial para los mecanismos de la democracia y la protección de las garantías individuales, es una serie incesante de conflictos.

Cuando un pueblo empieza a poner trabas para que alguien tenga derecho al sufragio, podemos estar seguros de que tarde o temprano lo abolirá por completo. Esa es una de las reglas más invariables del comportamiento social. Cuanto más lejos se extienda el límite de los derechos de voto, tanto más fuerte será la necesidad de ampliarlos aún más, ya que las fuerzas de la democracia se fortalecen con cada nueva concesión y sus exigencias aumentan a medida que se acrecienta su poder. La ambición de quienes quedan por debajo del límite de elegibilidad aumenta en proporción al número de los que están por encima del mismo. Por último, la excepción se convierte en la regla; las concesiones se suceden unas a otras sin interrupción y ya no hay punto de reposo hasta el momento en que se logra el sufragio universal.

El mismo razonamiento que nos induciría a admitir que todos los hombres que carecen de propiedades votaran, junto con los que sí las tienen... demostraría que también sería preciso admitir que voten las mujeres y los niños; porque, en términos generales, las mujeres y los niños tienen tan buen juicio y poseen mentes tan independientes como los hombres que carecen por completo de propiedades.... Puede estar seguro, señor mío, de que es peligroso abrir una fuente tan pródiga de controversia y altercados como la que se abriría si se intentara alterar los requisitos para ser votantes; eso no tendría fin. Surgirían nuevas exigencias; las mujeres exigirían el voto; mozalbetes de doce a veintiún años pensarían que sus derechos no habían sido debidamente reconocidos; y todos los hombres que no poseen ni un cuarto de penique exigirán tener la misma voz que cualquiera en todos los actos del Estado. Eso tendería a confundir y destruir todas las diferencias y aplanaría todas las jerarquías a un solo nivel común.

Este concepto de "independencia" dio lugar a la exclusión de las mujeres (que eran dependientes de sus esposos), los jóvenes (que dependían de sus padres), los esclavos y siervos (dependientes de sus amos) y los asalariados (que dependían de un empleo temporal para su sobrevivencia). Además, varias colonias excluían a los católicos, a los judíos y también a los indígenas. Además de eso, los criterios sobre cuántos bienes debía tener un hombre para tener derecho de votar eran diferentes, no sólo de una colonia a otra, sino dentro de cada colonia, del campo a la ciudad. La gente que vivía en áreas urbanas podía tener menos bienes raíces que sus parientes del campo, pero bienes personales mucho más abundantes. En general, los historiadores estiman que en la época de la Revolución de los Estados Unidos, la proporción de varones blancos adultos con derecho al voto era tal vez tres de cada cinco, una cifra más alta que la de Gran Bretaña, pero todavía relativamente pequeña.

Sin embargo, la Revolución tuvo un efecto democrático mucho mayor de lo que muchos de sus partidarios esperaban. Si se toma en serio el grito de batalla de no aceptar "ningún impuesto sin representación", esa expresión que se generalizó a raíz de los disturbios por el Impuesto del Timbre en 1765, muchas personas que pagaban impuestos estaban privadas del derecho de voto. O no tenían propiedades, pero pagaban impuestos sobre las mercancías que compraban, o sus bienes no satisfacían el mínimo requerido para votar. Un escritor de la Maryland Gazette declaró en 1776 que "la finalidad definitiva de toda libertad es poder gozar del derecho al libre sufragio". Si eso era cierto, entonces a ocho de cada 10 colonos se les negaba en verdad la libertad

Esta lógica no se perdió entre los colonos rebeldes. Así como Adams y otros conservadores querían mantener un sufragio limitado, la rebelión contra la autocracia del rey desembocó en una rebelión similar contra el requisito de tener propiedades para poder votar. El lema "ningún impuesto sin representación" halló tanta aplicación en el caso de la asamblea estatal o el consejo municipal, como en el caso del rey y el Parlamento. Los hombres no lucharían por la independencia si ésta sólo consistiera en instaurar un régimen antidemocrático en lugar de otro. En medio de la Revolución, los ciudadanos del oeste de Massachusetts declararon: "Ningún hombre puede ser obligado a obedecer una ley a la cual no ha dado su consentimiento, ya sea en forma personal o a través de su representante legal".

En consecuencia, el concepto del requisito de ser propietario cedió su sitio a requisitos tributarios, por lo menos en algunas regiones. Si la gente pagaba impuestos, entonces debía tener derecho de voto, ya que sólo por medio del sufragio podía evitar que el gobierno abusara de sus facultades y le arrebatara su libertad. El resultado fue que, a pesar de su indudable expansión después de la Revolución, el sufragio seguía estando lejos de ser universal, y el requisito de tener propiedades, ya sea como la posesión efectiva de bienes reales o personales, o a partir de ciertos niveles mínimos de tributación, siguió restringiendo el derecho de voto durante los siguientes 50 años.

¿Pero acaso la posesión de bienes impartía a los hombres más sabiduría? ¿Acaso el amor a la libertad, o el buen juicio en asuntos públicos, depende de la riqueza propia? Benjamin Franklin, tal vez el más cabal de los demócratas que concurrieron a las convenciones en las que fueron redactadas la Declaración de Independencia en 1776 y la Constitución en 1787, no creía en verdad que eso fuera cierto.

Un hombre tiene hoy un asno que vale cincuenta dólares y esa posesión le da derecho de voto; sin embargo, el asno muere antes de la siguiente elección. Entre tanto, el hombre adquirió más experiencia, su conocimiento de los principios del gobierno y su comprensión de la humanidad son más amplios, por lo cual está más capacitado para hacer una selección sensata de funcionarios. Pero el asno ha muerto y el hombre no puede votar. Ahora bien, caballeros, les suplico que me informen ¿en quién se basaba el derecho al sufragio? ¿En el hombre o en el asno?

Los especialistas citan varias razones para esta evolución. Mencionan las reformas democráticas de la era de Jackson, que pusieron fin a muchas prerrogativas económicas. La expansión de la Unión hacia el oeste creó también estados donde había poca riqueza y en los que el espíritu igualitario de la frontera era dominante. En los estados más antiguos, el crecimiento de la industria y las ciudades creó una abundante clase obrera que exigía la participación en el proceso político aun cuando sus miembros no tuvieran tierras ni bienes personales apreciables. Incluso en los estados del Sur, donde la aristocracia provinciana seguía teniendo el mando, el crecimiento de la clase media y la clase trabajadora en las ciudades dio lugar a la exigencia de suprimir el requisito de tener propiedades para poder votar. Los ciudadanos de Richmond, Virginia, solicitaron la convención constitucional del estado en 1829 y manifestaron que si alguna vez la Mancomunidad necesitaba ser defendida de un ejército extranjero, como había ocurrido en el pasado, no se haría distinción alguna entre los que tienen tierras y los que no las tienen.

[El requisito de tener propiedades] crea una odiosa distinción entre los miembros de la misma comunidad; priva de toda participación en la promulgación de las leyes a gran parte de los ciudadanos que están obligados a obedecerlas y comprometen su sangre y su caudal para mantenerlas, y concede las más altas prerrogativas a una clase privilegiada, no en atención a sus servicios públicos sino a su propiedad privada....

A la hora del peligro nunca se hacen distinciones denigrantes entre los hijos de Virginia. Las listas de reclutamiento no son sometidas a escrutinio, no se efectúan comparaciones con los registros de propiedades para excluir del servicio a los que han sido eliminados de las filas de los ciudadanos. Si los ciudadanos sin tierra han sido ignominiosamente excluidos de las urnas en tiempo de paz, al menos durante las guerras han sido convocados con generosidad para ir al campo de batalla.

Sin embargo, aun cuando en la década de 1850 la mayoría de los varones blancos mayores de 21 años podían votar, dos grandes grupos seguían estando excluidos del proceso político: los afro-estadounidenses y las mujeres.

Según nuestra idea general del derecho del sufragio universal, no tengo objeción que hacer... pero si la intención con que se toma esa resolución es ampliar el derecho de sufragio para incluir a las mujeres y los negros, estoy contra ella. Tengo entendido que este texto, "todos los hombres blancos y libres mayores de 21 años", debe ser la medida del sufragio universal.

Se requirió una guerra civil para abolir la esclavitud en los estados del Sur y, como parte del intento de conceder a los ex esclavos la igualdad y un estado legal apropiado, la nación aprobó tres enmiendas a la Constitución. La Decimotercera abolió la esclavitud como institución; la Decimocuarta hizo por primera vez de la ciudadanía un rasgo nacional y la confirió a todas las personas nacidas en los Estados Unidos o naturalizadas; y la Decimoquinta prohibió que cualquiera de los estados negara el derecho de voto por motivos de raza.

Por desgracia, la promesa de la emancipación no tardó en desvanecerse en el Sur, cuando uno a uno de esos estados no sólo erigió obstáculos jurídicos o procesales para impedir el acceso de los negros a las urnas, sino también promulgó leyes que relegaron a éstos a una situación de inferioridad permanente. No fue sino hasta la Segunda Guerra Mundial, en la que combatieron soldados norteamericanos negros y blancos para derrotar a los fascistas, cuando se hizo patente que no es posible luchar por los derechos del pueblo en el exterior, al tiempo que esos mismos derechos se les niegan a algunos estadounidenses sólo por el color de su piel.

En medio de la guerra, la Corte Suprema recibió una impugnación al sistema de elecciones primarias exclusivas para blancos, que era la norma en todo el Sur. En las elecciones primarias, los miembros de un partido escogían entre los candidatos al que habría de ser el representante del partido en la elección general de noviembre. Desde la década de 1880 hasta la de 1960, la persona que ganaba las primarias del Partido Demócrata en la mayoría de los estados del Sur tenía la victoria asegurada en la elección general, porque el Partido Republicano era muy débil en esa región. Pese a que, por esa razón, las primarias eran una parte importante del proceso de elecciones, tal vez la más importante, los estados sureños sostenían la falacia de que los partidos políticos eran organizaciones privadas y, como tales, se podía impedir que los negros se afiliaran a ellos y, por ende, que votaran en las primarias. En 1944, la Corte Suprema puso fin a esa falacia e inició el proceso por el cual los afro-estadounidenses pudieron reclamar su legítimo derecho al voto.

Cuando las primarias llegan a formar parte de la maquinaria para la elección de funcionarios estatales y nacionales, como sucede aquí, las mismas pruebas que se usan para determinar el carácter de la discriminación o restricción se deberían aplicar tanto en las elecciones primarias como en la elección general.... Estados Unidos es una democracia constitucional. Su ley orgánica garantiza a todos los ciudadanos el derecho de participar en la elección de funcionarios públicos sin que ningún estado restrinja tal derecho por motivos de raza. Esta garantía del pueblo, de tener oportunidad de elegir, no debe ser anulada por estado alguno mediante procesos de votación en los que una organización privada pueda ejercer discriminación racial en las elecciones. Los derechos constitucionales serían de escaso valor si pudieran ser denegados de esta manera indirecta.

No se puede negar la importancia de la Ley de los Derechos de Voto, no sólo por su éxito al hacer que los afro-estadounidenses pudieran acudir a las urnas, sino también porque consiguió que el derecho al voto se generalizara en gran parte de la nación. En un sistema federal, muchas de las funciones del gobierno están a cargo de los estados, funciones que en otros países ejerce el gobierno nacional. Como se dijo antes, los comicios eran controlados por la ley estatal, y en gran parte todavía lo son. Hasta 1870, los estados establecían todos los requisitos para votar; se supone que en ese año la Decimoquinta Enmienda prohibió que los estados negaran el voto por motivos de raza. En enmiendas ulteriores, el sufragio se amplió para incluir a las mujeres y los menores de 18 años, y el impuesto de capitación fue abolido. La Ley de los Derechos de Voto fue aún más lejos y, en los estados que mostraban pautas evidentes de discriminación, registradores federales tomaron a su cargo los procesos de registro de votantes y los comicios, asegurando así que a las minorías no se les prive de ejercer el voto. Algunos estados siguen sujetos a las condiciones de esta ley de 1965, aun cuando el control estatal se ha restablecido en la mayoría de las operaciones diarias de la maquinaria electoral. Pero a pesar de que los estados dirijan todavía las elecciones, ahora lo tienen que hacer a la luz de las normas y los procedimientos nacionales.

Cuando Estados Unidos se involucró en la Primera Guerra Mundial en un intento declarado de salvar la democracia, la prudencia política dictaba que no era posible enviar a estadounidenses al exterior, a combatir y morir por un ideal, mientras éste se le negaba a la mitad de la población de su país. El presidente Woodrow Wilson, que al principio se opuso a dicha enmienda, ahora le daba su apoyo y el Congreso aprobó una enmienda constitucional en junio de 1919. En menos de un año se reunieron los 36 estados necesarios para ratificar la enmienda propuesta, muy a tiempo para que las mujeres votaran en la elección presidencial de 1920.

Una vez que la ley estadounidense garantizó que cada adulto tuviera derecho al voto, el siguiente gran logro de mediados del siglo XX fue asegurarse de que el voto de cada persona contara, no sólo en términos de la operación de recuento, sino en proporción a la preferencia electoral de los demás votantes del estado. La Constitución expresa con claridad que cada estado deberá tener dos senadores y que los miembros de la Cámara de Representantes serán designados en proporción a la población de cada estado comparada con la población nacional, según se determine por medio de un censo decenal obligatorio. Sin embargo, no existen lineamientos sobre el modo en que los representantes deberán ser asignados dentro de cada estado. En la época en que fue redactada la Constitución de los Estados Unidos, James Madison insinuó que el arreglo debía ser equitativo, de modo que el voto de un hombre tuviera más o menos el mismo peso que el de su vecino, tanto en las elecciones estatales como en las federales.

Algunos estados modifican a intervalos periódicos los límites de sus distritos electorales (federales) y también los de sus distritos electorales estatales, para garantizar al menos una equidad aproximada entre los votantes, y tres quintas partes de los estados prorratean con regularidad una de sus cámaras legislativas o ambas. Sin embargo, a pesar de los grandes cambios de la población en la década de 1950, 12 estados no habían redefinido sus distritos en más de tres decenios, lo cual dio lugar a graves discrepancias en el valor de cada voto individual. Por ejemplo, en el pequeño estado de Vermont, el distrito electoral más populoso tenía 33.000 personas y el menos poblado 238, pero cada uno de ellos elegía un representante para la Asamblea Estatal. En California, el distrito senatorial estatal de Los Angeles tenía seis millones de habitantes; en una sección rural menos poblada del estado, el distrito correspondiente tenía sólo 14.000 personas. Este tipo de distorsión hace que los votos urbanos y suburbanos sufran una grave devaluación, al tiempo que los votos de los distritos rurales más antiguos son sobrevalorados. Como es natural, los representantes rurales que controlaban el gobierno estatal tenían pocos incentivos para prorratear, ya que al hacerlo tendrían que renunciar a su poder.

Al ver que no era posible lograr que las legislaturas mismas efectuaran los cambios, los grupos reformistas recurrieron a los tribunales e invocaron la garantía constitucional de una "forma republicana de gobierno" (Artículo IV, Sección 4), pero al principio la Corte Suprema se negó a intervenir porque, por tradición, había evitado los temas relacionados con el prorrateo, pues los veía como asuntos "políticos" que no eran de la incumbencia de los tribunales. Después, en marzo de 1962, la Corte aceptó un litigio presentado por votantes urbanos de Tennessee, pues allí no se habían modificado los límites de los distritos desde 1901, a pesar de que la constitución del estado disponía que se hiciera un nuevo prorrateo cada 10 años. El hecho mismo de que la Corte accediera a conocer esos casos indujo a muchas legislaturas a modificar voluntariamente sus distritos; en otros lugares, los reformadores presentaron docenas de litigios en tribunales estatales y federales para exigir nuevos prorrateos.

Pero Estados Unidos tiene un sistema federal y, hasta la fecha, los votos de un estado no tienen el mismo peso que los de otros en una elección presidencial. En el sistema de este país, cada estado tiene derecho a cierto número de votos en el Colegio Electoral, un órgano que se reúne cada cuatro años para emitir su voto por un candidato a la presidencia, según lo dicte la elección popular. La diminuta Rhode Island tiene tres votos en el Colegio Electoral, que corresponden a su representante y sus dos senadores, y un voto allí es proporcionalmente mayor, en un cálculo por persona, que en los estados grandes como California o Nueva York. Han surgido otros problemas en el sistema federal. ¿Sería posible que los estados adoptaran un arreglo en el que una de las dos cámaras de una legislatura representara unidades geográficas --por ejemplo, condados-- en la misma forma en que el Senado de la nación representa estados? ¿Podría un estado reconocer ciertas divisiones históricas como un factor a considerar al trazar los límites de los distritos electorales? ¿Qué normas tendría que aplicar el tribunal superior?

De hecho, el criterio que adoptó la Corte en el caso titulado Gray vs. Sanders (1963) resultó ser tan claro y más o menos fácil de aplicar --una persona, un voto-- que no sólo brindó una guía judicial, sino también captó la imaginación popular. Todas las demás formulaciones de esa cuestión parecieron confrontar a un grupo contra otro --rural contra urbano, viejo colono contra recién llegado--, pero "una persona, un voto" aportó un tinte democrático. ¿Quién se podría oponer a que se garantice a cada persona que su voto contará igual que el de todas los demás? Aceptar esta fórmula implicaba suscribir la democracia y la Constitución; oponerse a ella parecía una actitud malvada y mezquina. Al cabo de no mucho tiempo, todos los estados de la Unión ya habían prorrateado de nuevo sus distritos estatales y del Congreso en forma equitativa.

En la medida que el derecho de voto de un ciudadano pierde valor, él mismo se menoscaba como ciudadano. No se puede hacer que el peso del voto de un ciudadano dependa del lugar donde vive.... Un ciudadano, un votante capacitado, no lo es en mayor o menor grado por el hecho de que viva en la ciudad o en el campo. Este es el mandato claro y vigoroso de nuestra Constitución en la Cláusula de Igual Protección....

Ni la historia por si sola, ni la economía u otro tipo de intereses de grupo son factores admisibles para tratar de justificar las disparidades de la representación basada en la población.... Los que votan son los ciudadanos, no la historia o los intereses económicos. Votan las personas, no las tierras, los árboles o los pastizales. Mientras nuestra forma de gobierno sea representativa y nuestros legisladores sean los instrumentos de gobierno, elegidos en forma directa por el pueblo del cual serán representantes directos, el derecho de elegir a los legisladores con plena libertad y sin trabas es uno de los fundamentos de nuestro sistema político.

Se podría pensar que con la abolición de los requisitos de propiedad y los impuestos de capitación, y el reconocimiento de los derechos de la gente de color, las mujeres y las personas de 18 años, la lucha por el derecho al voto estaba ganada. Sin embargo, como hemos dicho a menudo, la democracia es un proceso en continua evolución y la forma en que definimos los derechos del individuo en una democracia cambia también a lo largo del tiempo. Hay gran diferencia entre la forma en que el ciudadano estadounidense votaba en la década de 1820 y como lo hace a principios del siglo XXI. Más aún, esto no es un simple caso de héroes democráticos que intentan ampliar el sufragio, al tiempo que unos demonios antidemocráticos lo quieren restringir.

En toda la historia de los Estados Unidos, la gente ubicada en lo que se conoce como la mejor posición económica ha sentido temor al gobierno de las masas; este tema campea en todos los escritos de la generación fundadora. Hoy podemos hallar una versión de ese temor, aunque en forma diferente, en los que desean "purificar" el proceso electoral. Por ejemplo, los intentos de simplificar el registro de votantes son censurados a menudo como incitaciones a la corrupción de ese proceso. El relajamiento de las normas de alfabetización y la expansión de los derechos de voto a ciudadanos que no hablan o no leen inglés es alabada por algunos, como una victoria de la democracia, y atacada por otros a causa del temor de que gente con poco conocimiento de los asuntos importantes pueda ser manipulada por demagogos.

Sin embargo, persiste el hecho curioso de que, a pesar de todo lo que hemos ampliado el derecho al sufragio, el porcentaje de estadounidenses que votan en las elecciones presidenciales y otras es uno de los más bajos entre las naciones industrializadas. Por ejemplo, en la campaña presidencial de 2000, menos del 50 por ciento de las personas que podían votar acudieron a las urnas. Los especialistas discrepan en sus explicaciones de por qué se ha producido esta reducción en el voto a partir de su punto máximo, a fines del siglo XIX, cuando los índices de votación se mantenían con regularidad en el 85 por ciento o más de los electores registrados. Algunos historiadores atribuyen la disminución a la pérdida de importancia de los partidos políticos en la vida diaria de la gente. Otros creen que el crecimiento de grupos de interés bien financiados ha hecho que la gente pierda interés en elecciones que se disputan sobre todo por medio de anuncios en la prensa y la televisión. Cuando se pregunta a quienes no votan por qué se han abstenido, las respuestas son muy variadas. Algunos no creen que su voto individual pueda cambiar las cosas y otros no consideran que los asuntos en juego les afecten, pero también hay a quien no le interesa votar. Este comentario es triste a la luz del largo movimiento histórico en pos del sufragio universal en los Estados Unidos.

Persisten preguntas técnicas y procesales. En la elección presidencial de 2000, los funcionarios electorales del estado de Florida descartaron unos 50.000 sufragios, sobre todo porque las tarjetas de votación no fueron perforadas correctamente y no se veía con claridad a favor de quién había emitido el elector su sufragio. En ese momento, a causa del sistema arcaico conocido como el Colegio Electoral, toda la elección dependió de menos de unos cuantos cientos de votos emitidos en ese estado. Tanto los demócratas como los republicanos acudieron de inmediato al tribunal para impugnar los procedimientos y, a la postre, la Corte Suprema de los Estados Unidos concedió el estado de Florida --y la elección-- a George W. Bush.

En ese caso --y no por primera vez-- el Colegio Electoral reconoció a un presidente que obtuvo una minoría del voto popular. Los estadounidenses están muy conscientes de la estructura del Colegio Electoral. Éste no es uno de los aspectos más eficaces o racionales de la democracia del país, y representa una reliquia de una época en que no se confiaba en que la gente pudiera elegir a un presidente en forma directa. Pero el sistema de Colegio Electoral también es valioso en nuestros días, por cuanto garantiza la representación de los estados más pequeños dentro del sistema federal y en realidad es poco probable que sea reformado.

Los problemas de recuento de votos asociados a la elección de 2000 oscurecieron algunos temas muy importantes. Ambas partes querían un recuento justo de los votos; deseaban que cada sufragio depositado en forma legítima y marcado correctamente fuera incluido en la cuenta, pero sus criterios técnicos para determinar estos hechos diferían. A pesar de que los medios se quejaron de que el estado discriminó a las minorías en su forma de manejar el asunto, la verdad es que la mayoría de los votos que a la postre fueron anulados eran de votantes blancos ancianos de clase media que se confundieron y no supieron marcar la boleta electoral. Ni entonces ni ahora se ha insinuado que esto haya sido un ardid para invalidar decenas de miles de votos; antes que el recuento se iniciara, nadie se dio cuenta de que el sistema estaba muy lejos de ser perfecto,. Por eso, en la siguiente sesión de su legislatura, Florida instituyó reformas para asegurarse de que ese fracaso no se vuelva a presentar.

Una elección así, en la que no gana la persona que obtiene la mayoría del voto popular, es rara en los Estados Unidos, y la facilidad con que la gente aceptó a George Bush como el vencedor nos da un indicio de la fe que el público tiene en los mecanismos normales del proceso electoral en este país. No hubo desórdenes en las calles ni se erigieron barricadas. El candidato demócrata, Al Gore, aceptó la decisión de la Corte Suprema sobre la forma en que los votos debían ser contados.

Pero el resultado tan cerrado de la elección presidencial de 2000 hizo que mucha gente recordara que el voto individual sí cuenta. Un cambio de fracciones de punto porcentual en media docena de estados habría inclinado con facilidad la elección hacia el otro lado. El resultado probable es que, en el futuro, los estadounidenses ya no verán como un hecho tan sin importancia este importante derecho, un derecho que es la esencia misma del concepto del "consentimiento de los gobernados".

Lecturas adicionales:

Marchette Gaylord Chute, The First Liberty: A History of the Right to Vote in America, 1619-1850 (Nueva York: Dutton, 1969).

Linda K. Kerber, No Constitutional Right to be Ladies: Women and the Obligations of Citizenship (Nueva York: Hill & Wang, 1998).

Alexander Keyssar, The Right to Vote: The Contested History of Democracy in the United States (Nueva York: Basic Books, 2000).

Donald W. Rogers, ed., Voting and the Spirit of American Democracy (Urbana: University of Illinois Press, 1992).

Charles L. Zelden, Voting Rights on Trial (Santa Barbara: ABC-CLIO, 2002).