Aun cuando es un derecho muy preciado, la libertad de prensa es distinta de otras libertades del pueblo por cuanto es a la vez individual e institucional. Su aplicación no se limita al derecho de una sola persona a publicar ideas, sino también al derecho de los medios impresos y electrónicos para divulgar opiniones políticas y cubrir y publicar noticias. Por lo tanto, la prensa libre es uno de los pilares de una sociedad democrática y, como lo escribió el columnista estadounidense del siglo XX Walter Lippmann, "la prensa libre no es un privilegio, sino una necesidad orgánica de una gran sociedad". De hecho, a medida que la sociedad se vuelve cada día más compleja, la gente confía más y más en los periódicos, la radio y la televisión para mantenerse al tanto de las noticias mundiales, la opinión y las ideas políticas. Una muestra de la importancia de la prensa libre es que cuando las fuerzas antidemocráticas se apoderan de un país, lo primero que hacen de ordinario es amordazar a la prensa.

En virtud de que la opinión del pueblo es la base de nuestro gobierno, nuestro primer objetivo debe ser comprenderla correctamente; y si yo tuviera que decidir entre la posibilidad de tener un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, preferiría esto último sin dudar un momento.

Cuando los libelos blasfemos, inmorales, traidores, cismáticos, sediciosos o escandalosos son castigados por la ley inglesa... la libertad de prensa, bien entendida, no se transgrede ni se viola en forma alguna. La libertad de prensa es en verdad esencial para la naturaleza misma de un Estado libre, pero consiste en no imponer restricciones previas a la publicación, no en que los materiales delictivos estén libres de censura una vez que han sido publicados. Sin duda, todo hombre libre tiene el derecho de exponer ante el público los sentimientos que desee; prohibirlo es destruir la libertad de prensa; no obstante, si publica algo impropio, malévolo o ilegal tendrá que afrontar las consecuencias de su propia temeridad.

Los colonizadores de Norteamérica trajeron del otro lado del Atlántico el derecho consuetudinario inglés y los funcionarios coloniales tuvieron tan poca tolerancia hacia la prensa como sus maestros en su país de origen. En 1735, el gobernador real de Nueva York, William Cosby, acusó al editor de periódicos John Peter Zenger de libelo sedicioso porque éste criticó la destitución de un juez que falló en contra de los intereses del gobernador en un caso importante. De acuerdo con los principios tradicionales, como los enunció Blackstone, Zenger tenía derecho de publicar sus críticas, pero ahora debía encarar las consecuencias. Sin embargo, el abogado de Zenger, Andrew Hamilton, convenció al jurado de que absolviera a su cliente tomando en cuenta que lo publicado era verdad. Aun tendrían que pasar muchos años para que el concepto de verdad fuera aceptado por la ley inglesa o estadounidense como defensa cabal contra el libelo, pero este caso sentó un importante precedente político. En cuanto los jueces norteamericanos se opusieron a condenar a un hombre por publicar la verdad, o incluso su opinión, a los funcionarios reales les fue difícil juzgar casos de libelo sedicioso en las colonias. Ya para la época de la Revolución y a pesar de las leyes escritas en los libros, los editores coloniales atacaban con toda libertad a la Corona y a los gobernadores reales de las provincias.

Es discutible que los autores de la Cláusula de Prensa, de la Primera Enmienda a la Constitución, se hayan propuesto incluir las enseñanzas del caso Zenger, ya que casi todos los nuevos estados del país adoptaron el derecho consuetudinario inglés, con sus reglas sobre la prensa, en cuanto obtuvieron la independencia. Cuando el Congreso aprobó una Ley de Sedición en 1798, durante un conato de guerra con Francia, admitió la verdad como defensa de los acusados de presuntos casos de libelo contra el presidente y el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, la ley fue aplicada con un espíritu mezquino y partidista contra los republicanos jeffersonianos. En efecto, los jueces federalistas pasaron por alto el principio de la verdad como defensa y aplicaron la ley como lo habrían hecho sus homólogos ingleses, castigando la simple divulgación como si fuera un libelo. Por ejemplo, Matthew Lyons, editor de un periódico en Vermont, criticó al presidente John Adams por su "insaciable sed de grotesca pompa, adulación vana y avaricia egoísta". Por hacer esos comentarios se le aplicó una multa de 1.000 dólares y tuvo que pasar cuatro meses en la cárcel hasta que logró reunir los fondos necesarios para pagarla.

La Ley de Sedición expiró en 1801 y, salvo por ciertas restricciones impuestas en la Guerra Civil, el gobierno federal no hizo intento alguno de violar la Cláusula de Prensa en el siguiente siglo. Poco a poco, el libelo llegó a ser más un tema de derecho civil que de derecho penal y varios personajes prominentes se aplicaron a la tarea de instruir demandas judiciales en defensa de su propia reputación. El Congreso aprobó otra Ley de Sedición en la Primera Guerra Mundial y, como se dijo en el capítulo sobre la libertad de expresión, los casos surgidos de esa ley fueron juzgados bajo el criterio primordial de la libertad de palabra y en ellos se dio cabida a la prueba del peligro claro y presente. No obstante, en términos de prensa libre, no hallamos adelantos notables sino hasta principios de la década de 1930, cuando la doctrina de la restricción previa cobró nuevo vigor. Al desarrollar una verdadera prensa libre, los periódicos descubrieron que tenían un poderoso aliado en la Corte Suprema, la cual hizo un potente escudo para la libertad de prensa a partir de una sola frase ("o de prensa") contenida en la Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.

La jurisprudencia moderna de la Cláusula de Prensa empieza con el histórico caso Near vs. Minnesota de 1931, el cual, a primera vista, no parece ir mucho más allá de reiterar las opiniones de Blackstone sobre la restricción previa, pero es en realidad el primer paso, a partir de esa doctrina, hacia la creación de una prensa poderosa e independiente.

El estado de Minnesota había aprobado una ley similar a las de otros estados que autorizaba la supresión de cualquier publicación "maliciosa, escandalosa o difamatoria", considerada como un perjuicio público. Sin embargo, en ese caso la ley fue aprobada para acallar a un periódico en particular, el Saturday Press, que además de publicar ataques racistas contra los negros y otros grupos étnicos, había divulgado una serie de denuncias contra las prácticas corruptas de políticos y empresarios líderes de la localidad. El tribunal estatal clausuró con agrado el Saturday Press y éste, a su vez, apeló ante la Corte Suprema. Allí, el presidente del tribunal, Charles Evans Hughes, amplió el alcance de la Cláusula de Prensa de la Primera Enmienda a los estados (pues antes se había aplicado sólo al Congreso) y reiteró la idea de que ningún gobierno le puede negar a un periódico su derecho constitucional de publicar, salvo en un caso de emergencia en tiempo de guerra. Esto no significó que los periódicos ya no pudieran ser castigados por otras causas o que los individuos no pudieran demandarlos por difamación. Sin embargo, sentó las bases de otros dos adelantos importantes que surgirían más de tres decenios después y son los pilares en que se sustenta la moderna libertad de prensa.

El primero fue fruto del movimiento de derechos civiles de la década de 1960. En esa época, la mayoría de los estados tenían leyes que no imponían la restricción previa, pero permitían demandas civiles por difamación de persona si la información impresa era mal intencionada o aun si sólo era errónea. A raíz de los enfrentamientos entre los partidarios de los derechos civiles y la policía de Montgomery, Alabama, un grupo de organizaciones de derechos civiles e individuos publicó un anuncio de una página en el New York Times, titulado "Escuchen sus voces que se alzan", en el cual explicaron en detalle las dificultades que entrañaba el trabajo en favor de los derechos civiles y pidieron fondos como ayuda para la causa. A pesar de que en el anuncio no fue mencionado por su nombre el inspector de policía de Montgomery, Alabama, I.B. Sullivan, éste demandó al Times aduciendo que el anuncio contenía errores factuales que lo difamaban en el desempeño de sus deberes oficiales. Un jurado local concedió la razón a Sullivan y dictaminó que el Times le debía pagar 500.000 dólares por concepto de daños y perjuicios.

Sullivan no demandó al periódico porque los errores fueran muy graves (en un pasaje decía que el Dr. Martin Luther King, Jr. había sido encarcelado siete veces, cuando en realidad sólo lo había sido en cuatro ocasiones), sino porque la gente del Sur veía en la prensa un enemigo en la lucha por los derechos civiles. Cada vez que los manifestantes eran golpeados o arrestados, la prensa lo informaba no sólo al resto de la nación, sino a todo el mundo. El Times no sólo era el periódico más destacado del país, sino también uno de los más grandes y exitosos. Si lo podían castigar con una fuerte multa (y 500.000 dólares era mucho dinero en 1964), entonces otros diarios más pequeños y menos prósperos lo pensarían dos veces antes de dar noticias sobre el movimiento de los derechos civiles. En otras palabras, permitir que el veredicto del juicio original prevaleciera habría producido un severo efecto de "congelamiento" del derecho a la libertad de prensa consagrado en la Primera Enmienda.

El tribunal superior no sólo revocó la sentencia, sino llevó las cosas mucho más lejos que la simple regla de restricción previa heredada de Gran Bretaña: suprimió cualquier tipo de sanción contra la publicación de textos acerca de funcionarios públicos y el desempeño de éstos en sus funciones, salvo en el caso de que un periódico publicara algo a sabiendas de que no era cierto, con la intención maliciosa de dañar la reputación de un funcionario. Aun cuando no permitía que la prensa publicara nada de ese tipo y seguía concediendo al ciudadanos privado el derecho de presentar demandas por libelo, la resolución abordó uno de los temas principales de la prensa libre, es decir, su capacidad para informar acerca del gobierno y sus funcionarios en forma libre y cabal. La Corte explicó que no tendría importancia si de vez en cuando había algún error involuntario, ya que éstos son frecuentes en la "acalorada búsqueda" de noticias. Pero la ciudadanía tenía que ser informada y no se podía permitir que un periódico fuera amenazado con demandas de libelo sólo por hacer su trabajo.

Veamos este caso ante el telón de fondo de un profundo compromiso nacional con el principio de que el debate de los asuntos públicos debe ser robusto, muy abierto, libre de inhibiciones, y puede incluir invectivas vehementes, cáusticas y a veces desagradables contra el gobierno y los funcionarios públicos. El anuncio en cuestión, como expresión de agravio y como protesta por uno de los principales problemas públicos de nuestros tiempos, se perfila con claridad como digno merecedor de la protección constitucional. La cuestión a dilucidar es si ha perdido esa protección por la falsedad de algunas de sus declaraciones de hechos y por la presunta difamación perpetrada por el demandado. Las interpretaciones autorizadas de las garantías de la Primera Enmienda se han negado sistemáticamente a reconocer excepciones a cualquier prueba de veracidad --sea ésta administrada por jueces, jurados o funcionarios administrativos-- y sobre todo a ninguna que haga caer sobre el comunicador la carga de probar la verdad. La protección constitucional no se basa en la veracidad, la popularidad o la utilidad social de las ideas y creencias que se presentan.... El daño a la reputación de un funcionario no es una justificación mejor que el error factual, para reprimir una expresión que, por todo lo demás, debería ser libre.... La crítica de su conducta en el cargo no pierde la protección constitucional por el mero hecho de ser eficaz y, por lo tanto, mermar la reputación del funcionario aludido.

El New York Times inició la publicación de los Documentos del Pentágono el 13 de junio de 1971 y poco después, cuando el gobierno obtuvo un mandamiento judicial temporal, el Washington Post empezó a publicar su propia copia de esos documentos. Cuando el gobierno acudió a los tribunales para detener las operaciones del Post, el Boston Globe tomó la estafeta. Como quiera que los tribunales menores no se pusieron de acuerdo acerca de si se podía aplicar una restricción previa y el gobierno quería resolver el problema con rapidez, la Corte Suprema accedió a atraer el caso con carácter de urgente. Aun cuando a veces se ha criticado al sistema judicial por su lentitud, los jueces procedieron con asombrosa rapidez en esa ocasión. Accedieron a atraer el caso un viernes, oyeron los testimonios verbales el sábado y pronunciaron su veredicto el martes siguiente, apenas 17 días después de que el Times inició la publicación.

La sentencia fue la declaración más clara hasta entonces de que el gobierno no tenía por qué imponer su censura a la prensa o impedir la divulgación de información sólo porque ésta puede ser embarazosa. Tres de los jueces estimaron que el gobierno nunca debió haber obtenido mandamientos judiciales en los tribunales menores y criticaron a éstos por haber condonado semejante intento de aplicar la restricción previa. Aun cuando la Corte no dijo que la restricción previa no se pueda imponer en ninguna situación (siguió en vigor la excepción aplicable a la información claramente delicada en momentos de emergencia, como en tiempo de guerra), puso en claro que el material de los Documentos del Pentágono no pertenecía a esa categoría.

Estas revelaciones pueden producir un fuerte impacto. Pero eso no es razón para autorizar que se aplique a la prensa una restricción previa.... El propósito preponderante de la Primera Enmienda fue prohibir una práctica generalizada por la cual el gobierno suprimía la información embarazosa. Un debate de grandes proporciones está en marcha en la nación a causa de nuestra posición en Vietnam. El debate abierto y la discusión de los asuntos públicos son vitales para nuestra salud nacional.

Sin embargo, el New York Times, el Washington Post y otros grandes periódicos no son individuos, sino grandes corporaciones con miles de empleados y activos que ascienden a varios millones de dólares. ¿Qué relación hay entre el hecho de conceder tanta latitud a la prensa --a menudo representada por entidades empresariales-- y los derechos de la gente? Es preciso recordar las palabras del juez Brandeis acerca de los deberes del ciudadano que comentamos en el capítulo sobre la libertad de expresión, cuando dijo "que la discusión pública es un deber político; y que esto debería ser un principio fundamental del gobierno de los Estados Unidos". No obstante, para poder participar en esa discusión y cumplir con nuestras responsabilidades de ciudadanos, tenemos que estar informados. La información precisa no siempre proviene directamente del gobierno, ya que la puede proveer una fuente independiente, y para la preservación de la libertad y la democracia es menester que esas fuentes gocen de independencia total y no estén amenazadas.

Burke dijo que hay Tres Poderes en el Parlamento, pero que en la galería de los reporteros se sienta un Cuarto Poder mucho más importante que los demás. Esto no es sólo una metáfora o una frase ingeniosa, sino literalmente un hecho muy trascendental para nosotros en estos tiempos.

La garantía de la Libertad de Prensa es, en esencia, una disposición estructural de la Constitución. La mayoría de las disposiciones contenidas en la Carta de Derechos protegen libertades específicas o derechos específicos de los individuos.... En cambio, la Cláusula de Prensa extiende su protección a toda una institución.

¿Y qué se puede decir de la necesidad de que el juicio sea imparcial? Si el crimen es demasiado atroz, si las emociones están caldeadas en la localidad, si un exceso de publicidad puede reducir las posibilidades de reunir un jurado imparcial, ¿no será entonces preferible excluir a la prensa? Según la Corte Suprema, la respuesta es no. A juicio del presidente de ese tribunal, Warren E. Burger, "las restricciones previas a la palabra y la publicación son las infracciones más graves y menos tolerables contra los derechos de la Primera Enmienda". Los jueces tienen diversos medios para lidiar con estas cuestiones, incluso ordenar que los abogados de la defensa y la fiscalía guarden silencio, exigir un cambio de tribunal (ubicación) a un entorno menos exaltado y someter a los jurados a un secuestro.

El caso clave en la cobertura de prensa de procesos judiciales se conoce como Richmond Newspapers, Inc. vs. Virginia (1980) y en él se concretó el derecho del pueblo a ser informado por una prensa libre. Un hombre fue arrestado por homicidio y, a causa de diversos problemas, se le juzgó en tres ocasiones en forma incorrecta. Por lo tanto, cuando dio principio el cuarto juicio, el juez, la parte acusadora y el abogado defensor coincidieron en que las puertas del tribunal debían permanecer cerradas tanto para los espectadores como para la prensa.

Los periódicos locales interpusieron una demanda contra el fallo del juez y, en una decisión importante, la Corte ponderó los intereses de la Primera y la Sexta Enmiendas --el derecho a la libertad de prensa y el derecho a un juicio imparcial-- y encontró que son compatibles. La garantía de "un juicio expedito y público" de la Sexta Enmienda no sólo brinda protección al acusado contra juicios secretos de tipo inquisitorial, sino valida también el derecho del público a estar presente en el proceso y presenciarlo. Ante la imposibilidad manifiesta de que toda la población de Virginia, o siquiera la de Richmond, asistiera al juicio, la prensa tuvo que ser admitida para que informara sobre las sesiones y ayudara a garantizar que el juicio se llevara a cabo con imparcialidad.

La Carta de Derechos fue promulgada con el telón de fondo de la larga historia de juicios que, según se presumía, eran abiertos. El acceso del público a los juicios se estimaba entonces como un aspecto importante del proceso mismo; la conducción de juicios "ante el mayor número posible de personas que quieran asistir" se consideraba como una de "las inapreciables ventajas de una constitución inglesa de gobierno libre". Al garantizar ciertas libertades, como la de expresión y la de prensa, se puede decir que la Primera Enmienda garantiza el derecho de todos a concurrir a los juicios para dar significado a esas garantías explícitas. "La Primera Enmienda va más allá de la protección de la libertad de prensa y la expresión individual, y prohíbe que el gobierno limite el caudal de información que está al alcance de los miembros del público". La libertad de expresión trae consigo la libertad de escuchar. En diversos contextos, esta Corte ha sostenido que la Primera Enmienda alude al derecho de recibir información e ideas. Lo que esto significa en el contexto de un juicio es que, por sí solas, las garantías de palabra y de prensa que constan en la Primera Enmienda prohíben que el gobierno cierre en forma sumaria las puertas de los tribunales, que por tanto tiempo habían estado abiertas al público en la época en que dicha enmienda fue adoptada. "Dado que el lenguaje de la Primera Enmienda no es equívoco.... es preciso interpretar ésta como un mandato dotado del más amplio alcance que el lenguaje explícito puede permitir en el contexto de una sociedad que ama la libertad".

Los avances tecnológicos recientes han traído a un nuevo entorno la idea de que el público concurra a los juicios. Aun cuando por ahora no hay un derecho constitucional a introducir cámaras en el tribunal, muchos estados han aprobado leyes que permiten la transmisión de juicios. Esto no era factible en los inicios de la televisión por el tamaño de las cámaras, la necesidad de usar luces intensas y el requisito de colocar un micrófono en cada persona. Hoy en día, todo el tribunal puede ser cubierto con unas cuantas cámaras pequeñas y prácticamente ocultas, con los controles en una sala adyacente o en un camión estacionado. Aunque la transmisión de juicios por televisión comenzó como un experimento, ha resultado muy popular y hay una cadena estadounidense de televisión por cable, conocida como Court TV, que transmite los juicios con comentarios de abogados y catedráticos de derecho. En este rubro, los medios siguen siendo intermediarios entre el público y el sistema de justicia, pero en una nueva modalidad que da al espectador una idea más clara de lo que está pasando.

(En forma similar, los procesos de las dos cámaras del Congreso, las audiencias de éste y de las legislaturas estatales, son transmitidos de ordinario por cadenas de televisión por cable, en particular C-SPAN, otro ejemplo de un medio dedicado a conectar a la población con las actividades del gobierno.)

Pese a que el concepto del "derecho a la información" que se infiere de las cláusulas de la Primera Enmienda sobre la libertad de expresión y de prensa es relativamente nuevo en el pensamiento político y judicial de los Estados Unidos, también en este caso la democracia y las libertades que ella trae consigo no se pueden concebir como una situación estática, sino como algo que evoluciona a medida que la propia sociedad se transforma. El "derecho de la gente a la información" guarda una estrecha relación con la libertad de prensa, pero se apoya en los intereses más generales de la democracia. Si damos a la democracia el significado que Abraham Lincoln le dio cuando la describió como "el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo", entonces los asuntos del gobierno son en realidad asuntos del pueblo y aquí es donde el papel estructural de la prensa libre coincide con los intereses democráticos de la ciudadanía. No se trata de una proposición directa: ni el pueblo ni la prensa deben saber todo lo que pasa en el gobierno. Por obvias razones, las cuestiones relativas a la seguridad nacional, los asuntos del exterior y los debates internos sobre el desarrollo de políticas no son apropiados para el escrutinio público en su momento. El catedrático de la escuela de derecho Rodney A. Smolla, verdadera autoridad en la Primera Enmienda, escribió: "Los gobiernos democráticos deben ser, en gran parte, abiertos y transparentes. Sin embargo, hay situaciones en que hasta los gobiernos más abiertos y democráticos requieren cierta dosis de sigilo o confidencialidad para funcionar como es debido".

Aunque esto parece ser cuestión de sentido común, el hecho es que intervienen dos fuerzas que compiten entre sí. Por una parte, los funcionarios de todos los niveles del gobierno, incluso en una sociedad democrática, son afectos a no compartir su información con la prensa o con el público; por la otra, es frecuente que la prensa, con el apoyo del público, trate de recabar mucho más información de lo que legítimamente necesita. Para resolver esa tensión, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de la Libertad de Información, también llamada FOIA (por sus siglas en inglés), en 1967. La ley fue aprobada a instancias de la prensa y de grupos de interés público disgustados porque la ley federal vigente, destinada a poner la información al alcance del público, se usaba a menudo para lograr el efecto contrario. De acuerdo con la interpretación de la ley, los tribunales han resuelto aplicar en todos los casos la norma de que la información se debe hacer pública y las agencias federales deben responder con prontitud y a conciencia las solicitudes de información de los ciudadanos. Como complemento de la ley federal, todos los estados han aprobado estatutos similares sobre la libertad de información acerca de las actividades del gobierno estatal y sus expedientes.

La ley establece que tanto los ciudadanos individuales como la prensa pueden hacer solicitudes bajo la FOIA, pero en la práctica la gran mayoría de éstas las presenta la prensa. Un individuo, aunque sea un investigador capacitado, sólo puede rastrear un pequeño número de pistas para justificar su solicitud de información bajo la FOIA. En cambio, los periódicos y las estaciones de televisión cuentan con personal numeroso y pueden formar equipos de trabajo para cada problema; además, tienen recursos para pagar los costos de copiado de un gran número de documentos. Resulta claro que está fuera de la capacidad de los medios, ya sea impresos o electrónicos, investigar cada una de las transacciones del gobierno, cubrir todos los juicios e informar de cada audiencia legislativa, pero esa misma imposibilidad hace que la prensa libre sea esencial para la democracia. El individuo puede aprovechar la cobertura combinada que proveen los servicios cablegráficos o que publica la prensa local, puede mirar las audiencias o los juicios por televisión e incluso informarse en los numerosos portales de noticias y comentarios que hay en Internet. Después de la época en que la humanidad vivía en pequeñas aldeas, nunca había sido posible que un solo ciudadano, si lo desea, esté tan bien informado de las actividades del gobierno. Gracias a este conocimiento, la persona puede votar en forma inteligente, firmar una petición a favor o en contra de alguna propuesta, escribir cartas a la legislatura y, en general, cumplir con las obligaciones de un ciudadano. Eso sería imposible sin la presencia de una prensa libre.

¿Es posible que la prensa vaya demasiado lejos? Cualquier libertad que se lleva al extremo puede dar lugar al libertinaje. Así como muchos aplauden la labor de la prensa cuando revela la corrupción del gobierno, muchos lamentan también la invasión de la intimidad como resultado del afán de saberlo todo acerca de todos los funcionarios y las figuras públicas. La preocupación es real y ha sido atendida sobre todo por los tribunales, quienes han ampliado los parámetros de la Primera Enmienda por una parte y, al mismo tiempo, le han impuesto ciertos límites. A pesar de que las organizaciones de noticias tienden a lamentar cada uno de esos límites como una traba que debilita la garantía constitucional de la libertad de prensa, la mayoría de esas restricciones representan, en conjunto, una actitud apegada al sentido común porque la prensa libre no está exenta de todas las restricciones que se aplican normalmente a la sociedad. Esas restricciones incluyen límites a la opción de que el reportero mantenga en plan confidencial a sus fuentes cuando el Estado necesita pruebas en un proceso penal; la posibilidad de ser sometido a juicio civil si el individuo difamado es un particular y no un funcionario público; y límites de acceso a ciertas instalaciones del gobierno, como las cárceles. Además, la prensa se quejó de que cuando Estados Unidos se ha involucrado en operaciones militares, los reporteros no han tenido acceso al frente de batalla. Tal vez la mejor forma de examinar esto es preguntar si tendrían sentido esas mismas restricciones aplicadas a un individuo, y en la mayoría de los casos sí lo tendrían. Es difícil concebir una razón convincente para permitir que cualquier individuo visite una prisión o recorra las trincheras del frente de batalla. Aun cuando esperamos que la prensa obtenga información para nosotros, reconocemos que también existen límites a ese respecto.

Además, se ha criticado la invasión a la intimidad de los funcionarios públicos, pues la prensa informa a veces de asuntos que tienen poca o ninguna relación con la capacidad del personaje para desempeñar las funciones de su cargo. En los últimos años, sobre todo con el crecimiento de Internet y la televisión por cable, se han publicado innumerables historias sobre la vida privada de funcionarios del gobierno, del presidente hacia abajo, y hay un animado debate en torno a cuán lejos debe llegar esa tendencia. El espectáculo público molesta a mucha gente convencida de que debe haber una distinción absoluta entre lo público y lo privado, a fin de colocar bajo los reflectores la trayectoria pública y no prestar atención alguna a la vida privada. Otros responden que no es posible trazar esa línea divisoria. La forma en que los hombres y las mujeres conducen su vida privada es una clave para conocer su carácter moral y éste, a su vez, es un factor que la gente tiene derecho de considerar cuando vota para elegir funcionarios públicos.

A fines de la década de 1980, unos reporteros revelaron el caso de un senador de Estados Unidos que planeaba contender por la presidencia y tenía una aventura extramarital. El reportaje acabó con todas sus esperanzas de ocupar un cargo elevado y él criticó a la prensa, diciendo que "eso no es lo que los Padres Fundadores tenían presente hace 200 años". Aunque muchos pensaron que esa acusación fue acertada, lo cierto es que el mismo tipo de prensa de denuncia les seguía los pasos a algunos de los Fundadores. Tanto Alexander Hamilton como Thomas Jefferson vieron cómo sus lances amorosos fueron tema de virulentos artículos de prensa, pero ninguno de ellos pensó que amordazar a la prensa fuera la solución.

Hamilton respondió a esos reportajes usando él mismo a la prensa para admitir que tenía una relación con Maria Reynolds y refutar otros cargos que se le imputaban. Poco antes de su muerte, Hamilton defendió a un editor de Nueva York que había sido condenado por un tribunal en un juicio de libelo. Hamilton presentó una clamorosa defensa de la prensa libre, declarando que "la libertad de prensa consiste en el derecho de publicar la verdad, con buenos motivos y por fines justificados, sin recibir castigo alguno". Por otra parte, Jefferson optó por guardar silencio ante los comentarios sobre su relación con una de sus esclavas, Sally Hemmings. No obstante, aun cuando creía que la prensa no publicaba más que un cúmulo de invectivas contra él y sus aliados, mantuvo su fe en la necesidad de una prensa libre en la sociedad democrática. "Sus periódicos están llenos de falsedades, calumnias y afirmaciones temerarias", comentó con un amigo. "Yo los protegeré en su derecho de mentir y calumniar".

Al inicio del siglo XXI, la nueva tecnología ha transformado algunas de las antiguas verdades y suposiciones sobre el papel de la prensa libre. Por ejemplo, la radio y la televisión fueron consideradas por muchos años como las partes menos protegidas de la prensa porque se tenía la idea errónea de que graves restricciones técnicas limitaban el número de estaciones que podían salir al aire. Por lo tanto, el Congreso resolvió, con la anuencia de los tribunales, que las radiofrecuencias pertenecían al público y que las radiodifusoras debían tener una licencia para transmitir en ciertas frecuencias. A cambio de las licencias, las estaciones de radio --y más tarde las de televisión-- se tenían que someter a ciertas reglas del gobierno que a menudo entorpecían su capacidad para obtener noticias o difundir su opinión editorial. El desarrollo de los sistemas de distribución por cable y satélite ha puesto fin al concepto de la radiodifusión como un recurso limitado, y los medios correspondientes han empezado a ocupar todo el lugar que les corresponde junto a los medios impresos tradicionales.

El advenimiento de la Internet plantea muchas preguntas cuya respuesta no se conocerá en los próximos años. Por primera vez en la historia, una sola persona, con una inversión mínima, puede publicar sus opiniones no sólo para el público local, sino para todo el mundo. Pese a que una persona no puede tener la misma capacidad de obtención de noticias que un periódico o una estación de televisión, en materia de opinión puede gritar la suya con gran fuerza a todo el que quiera escucharla. Más aún, algunos individuos han creado servicios de noticias en Internet que proveen información especializada al instante sobre política, el clima, el mercado de valores, deportes y modas. Además de los medios impresos y las difusoras, el mundo tiene ahora una tercera rama de la prensa: el servicio por Internet.

En lo que se refiere a los derechos de la gente, es válido argumentar que el flujo de noticias nunca puede ser excesivo. La cabecera de muchos periódicos estadounidenses reproduce estas palabras de las Escrituras: "Vosotros conoceréis la verdad y la verdad os hará libres". Los Padres Fundadores creían que una prensa libre era una protección necesaria del individuo frente al gobierno. El juez Brandeis pensó que la prensa libre provee la información que la gente necesita para cumplir con los deberes del ciudadano. Tal vez en ninguna otra esfera sea tan rápido el cambio del carácter de un derecho como en la recopilación y difusión de información por la prensa, pero la tarea aún es la misma. La Cláusula de Prensa de la Primera Enmienda sigue siendo un baluarte estructural de la democracia y del pueblo.

Lecturas complementarias:

Fred W. Friendly, Minnesota Rag (Nueva York: Random House, 1981).

Elizabeth Blanks Hindman, Rights & Responsibilities: The Supreme Court and the Media (Westport: Greenwood Press, 1997).

Anthony Lewis, Make No Law: The Sullivan Case and the First Amendment (Nueva York: Random House, 1991).

Lucas A. Powe, Jr., The Fourth Estate and the Constitution: Freedom of the Press in America (Berkeley: University of California Press, 1991).

Bernard Schwartz, Freedom of the Press (Nueva York: Facts on File, 1992).

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