El estado de derecho significa que ningún individuo, presidente o ciudadano particular, está por encima de la ley. Los gobiernos democráticos ejercen la autoridad por medio de la ley y también están sujetos a sus restricciones.

En las democracias, el hecho de que los funcionarios elegidos y las legislaturas estén libres de presiones políticas garantiza la imparcialidad de los jueces. Los veredictos judiciales deben ser imparciales, basados en las leyes pertinentes y en los hechos, los méritos individuales y los argumentos legales del caso, sin ninguna coacción o influencia indebida de las partes interesadas. Estos principios garantizan a todos la igualdad en la protección de la ley.

El poder de los jueces para revisar las leyes públicas y declarar si éstas violan la constitución del país sirve como un freno fundamental contra el posible abuso del poder por el gobierno (aunque ese gobierno haya sido elegido por una mayoría popular). Sin embargo, esta facultad requiere que la gente vea a los tribunales como entidades independientes y capaces de basar sus decisiones en la ley, no en consideraciones políticas.

Sean elegidos o designados, los jueces deben tener seguridad en su trabajo o titularidad, garantizada por la ley, pues así pueden tomar decisiones sin temor a la presión o el ataque de los que ostentan cargos de autoridad. Una sociedad civil reconoce la importancia de tener jueces profesionales y los provee de la adecuada capacitación y remuneración.

La confianza en la imparcialidad del sistema de tribunales -el hecho de que se lo perciba como la rama "no política" del gobierno- es una de las fuentes principales de su fuerza y legitimidad.

Sin embargo, los tribunales de una nación no son más inmunes que otras instituciones al comentario, el escrutinio y la crítica del público. La libertad de palabra nos pertenece a todos: a los jueces y a sus detractores por igual.

Para garantizar su imparcialidad, la ética judicial exige que los jueces se abstengan (o se "recusen" a sí mismos) de juzgar casos en los que tengan algún conflicto de intereses.

En una democracia, los jueces no pueden ser destituidos por quejas menores o en respuesta a críticas políticas. De hecho sólo pueden ser removidos por delitos o infracciones graves, mediante el largo y difícil procedimiento de impugnación (la presentación de cargos) y juicio, ya sea en la legislatura o ante un jurado por separado.

Una judicatura independiente garantiza a la población que las decisiones del tribunal se basarán en las leyes y la constitución de la nación, no en el cambiante poder político o en las presiones de una mayoría temporal. Dotado de esta independencia, el sistema judicial de una democracia es una salvaguardia de los derechos y libertades del pueblo.