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Durante gran parte de la historia humana, los gobernantes y la
ley fueron sinónimos ya que la ley era tan sólo la
voluntad del gobernante. Un primer paso para escapar de esa
tiranía fue el concepto del estado de derecho, el cual
incluye la idea de que hasta el gobernante está sometido a
la ley y debe gobernar sirviéndose de medios legales. Las
democracias fueron todavía más lejos al establecer el
estado de derecho. Aun cuando ninguna sociedad o sistema de
gobierno está exento de problemas, el estado de derecho
protege los derechos políticos, sociales y económicos
fundamentales y nos recuerda que la tiranía y la ilegalidad
no son las únicas alternativas.
El estado de derecho significa que ningún individuo,
presidente o ciudadano particular está por encima de la ley.
Los gobiernos democráticos ejercen la autoridad por medio
del derecho y ellos mismos están sujetos a las restricciones
de la ley.
Las leyes deben expresar la voluntad de los ciudadanos, no los
caprichos de reyes, dictadores, oficiales militares, autoridades
religiosas o partidos políticos autodesignados.
Así pues, en las democracias los ciudadanos
están dispuestos a obedecer las leyes de su sociedad porque
están sujetos a sus propias reglas y reglamentos. La
justicia se logra mejor cuando las leyes son establecidas por las
mismas personas que las deben obedecer.
En el estado de derecho, un sistema de tribunales fuerte e
independiente debe contar con el poder y la autoridad, los recursos
y el prestigio necesarios para exigir a los funcionarios del
gobierno, incluso a las más altas autoridades, que rindan
cuentas de acuerdo con las leyes y reglamentos de la
nación.
Por esta razón, es preciso que los jueces estén
bien capacitados y sean profesionales, independientes e
imparciales. Para desempeñar su importante papel en el
sistema jurídico y político, los jueces deben estar
comprometidos con los principios de la democracia.
Las leyes de una democracia pueden tener muchas fuentes:
constituciones escritas, estatutos y reglamentos, enseñanzas
religiosas y éticas, así como las tradiciones y las
prácticas culturales. Cualquiera que sea su origen, la ley
debe consagrar ciertas disposiciones para proteger los derechos y
las libertades de los ciudadanos:
- Según el requisito de la igualdad en la protección
ante la ley, ésta no se puede aplicar en forma exclusiva a
ningún individuo o grupo en particular.
- Los ciudadanos deben estar protegidos contra el arresto
arbitrario y el registro de sus hogares fuera de lo razonable o el
embargo de su propiedad personal.
- Los ciudadanos acusados de delitos tienen derecho a un juicio
expedito y público, y a la oportunidad de confrontar e
interrogar a sus acusadores. Si son declarados culpables no se les
puede someter a castigos crueles o inusuales.
- Los ciudadanos no pueden ser forzados a rendir testimonio
contra sí mismos. Este principio protege a los ciudadanos de
la coerción, el abuso o la tortura y hace que la
policía se sienta menos la tentación de emplear tales
medidas.
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